El sentido del título de este posting debería ser autoevidente para un ingeniero en cualquier caso y ámbito, aunque ni mucho menos lo es en lo que se refiere a algunos aspectos sustantivos de la política energética que se viene desarrollando en España a partir de 1996. Teniendo en cuenta que una parte relevante de los objetivos de esa política ha sido y es la reducción de emisiones, de los dos grupos de posibilidades que la tecnología permite (eficiencia energética en el uso vs. generación con renovables) el legislador ha optado sistemáticamente por la segunda, sin atender salvo por la vía de las anécdotas a la primera de ellas. La elección se ha decantado por la opción más fácil y provechosa sin duda para los productores y proveedores del sector de renovables, que han tenido la habilidad de capturar a su favor las jugosas rentas de la regulación. Sin embargo, a la luz de las consecuencias que ya empiezan a hacerse evidentes para el conjunto de la sociedad, en particular el notable encarecimiento de la electricidad y las obligaciones de compra y retribución al régimen especial legalmente adquiridas cara al futuro, parece natural cuestionarse si tal forma de proceder ha sido un acierto o no.
Tres profesores de la U. Pontificia de Comillas - ICAI, Álvaro López-Peña, Pedro Linares y José Ignacio Pérez-Arriaga, han llevado a cabo un estudio sobre esta cuestión en el que se preguntan si hubiese sido más rentable económicamente para el sistema energético (y para la sociedad española, claro) una política orientada a priorizar el ahorro. Los resultados muestran cómo efectivamente, el apoyo al ahorro energético debería haber prevalecido por su menor coste.
Descarga aquí el artículo 'Análisis retrospectivo de la eficiencia de la promoción de las renovables y del ahorro energético para la reducción de emisiones de CO2 en España', publicado en ICE Revista de Economía nº 862, Septiembre-Octubre 2011.
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